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Podemos se pliega ante el lobby del taxi

Unidos Podemos hace tiempo que le dio la espalda a las nuevas tecnologías procedentes del libre mercado. Es verdad que su propaganda electoral sigue apostando por un cambio de modelo productivo basado en la I+D+i, pero en realidad sólo abraza aquella innovación que proceda del sector público y que, en consecuencia, pueda ser controlada y teledirigida por el Estado.

El caso de Uber resulta, a este respecto, altamente sintomático: la empresa estadounidense ha ideado una solución —reproducible y reproducida por otras compañías como Lyft, Didi Chuxing, Cabify, Ola Cabs o GrabCar— para coordinar el alquiler de vehículos con conductor a través del mercado y sin necesidad de recurrir al arcaico y liberticida sistema de licencias de taxi. Acaso antes de la aparición de sistemas como Uber, uno podría haber argumentado que los “fallos de mercado” asociados a la liberalización del taxi resultaban demasiado gravosos como para prescindir del sistema de licencias y permitir la libre competencia entre conductores: pero Uber, justamente, ha solventado todos esos fallos de mercado y, por consiguiente, ha vuelto obsoleto el restrictivo sistema de licencias.

Como es obvio, a mayor competencia, tanto mejor para el consumidor: el margen de beneficios de cada proveedor de servicios de transporte (sean éstos empresas o autónomos) se reduce al mínimo y, por consiguiente, también lo hace su precio. A los taxistas es lógico que les desagrade esta sanísima competencia: primero porque a todos nos gustaría disfrutar de un monopolio desde el que fijar precios y condiciones a nuestros clientes; segundo, porque muchos taxistas han pagado un elevado precio para comprar ese derecho al monopolio llamado “licencia de taxi”, de modo que si el monopolio desaparece, su inversión pierde todo su valor.

Pero una cosa es que los taxistas muestren su oposición a Uber —y al resto de plataformas de alquiler de vehículos con conductor que puedan efectuarles la competencia— y otra, muy distinta, que los partidos políticos se lancen a atender sus exigencias con el claro propósito de captar su apoyo electoral. Esta semana, sin ir más lejos, Unidos Podemos lanzó una campaña dirigida a desprestigiar a la compañía estadounidense llamada #StopUber.

El argumento básico del spot contra Uber es que esta compañía no paga impuestos en España, lo cual constituye una trampa de primer orden. Primero porque, a fecha de hoy, Uber no paga impuestos en ningún sitio: la compañía todavía sigue registrando pérdidas trimestre tras trimestre y, por consiguiente, no devenga ninguna obligación por Impuesto sobre Sociedades. Segundo, porque la generación de valor propia de Uber (la gestión de la App que permite coordinar a conductores y usuarios) tiene lugar fuera de España y, por eso, no es aquí donde debería tributar: una empresa española que exporta mercancías a China tributa por sus ganancias en España, no en China. Tercero, porque los autónomos que actúen como conductores de Uber sí devengan la obligación de cotizar a la Seguridad Social y de pagar el IRPF en España (como todo trabajador autónomo). Y cuarto, porque no puede evaluarse la bondad o la maldad de un servicio sólo en función de si paga impuestos: la función esencial de las empresas es satisfacer del modo más eficiente posible las necesidades del consumidor, no ser exprimidas impositivamente por Hacienda.

Pero la finalidad del video de Unidos Podemos no es sólo la de relatar a los ciudadanos esta acusación con tan poco fundamento, sino también sembrar la duda acerca de los oscuros intereses que rodean a Uber. En un momento del spot de #StopUber podemos escuchar: “Uber es una empresa valorada en 60.000 millones de dólares. Tiene un ejército de lobistas capaz de comprar las voluntades necesarias para modificar todas las leyes que sean un obstáculo para llevárselo crudo”. Es decir, que si alguien apoya a Uber, probablemente sea porque esté en su nómina: yo mismo debo de estar recibiendo gigantescos emolumentos de la firma yanqui, dado que la estoy defendiendo (a ella y a cualquier de sus competidores) sin que, aparentemente, existan buenos argumentos para hacerlo salvo el crematístico.

Sin embargo, tan demagoga consigna resulta perfectamente reversible y bien podría ser aplicada contra Unidos Podemos. A la postre, en España hay ahora mismo 70.223 taxis y, según la CNMC, el precio de mercado medio de cada licencia ronda los 93.500 euros: eso significa que el valor agregado de todo el oligopolio del taxi español supera los 6.500 millones de euros. Quizá esta cifra les parezca escasa frente a los más de 60.000 millones de dólares en los que se valora Uber, pero no debería: primero porque las valoraciones de Uber son estimaciones probablemente infladas (uno de los mayores expertos en valoración de empresas, Aswath Damodaran, rebajaba recientemente esa estimación a 28.000 millones de dólares); segundo, porque el valor de Uber se refiere a su participación en todos los mercados mundiales, mientras que en este caso estamos únicamente estimando el valor de los taxis españoles: si agregáramos el valor de las licencias de taxi en todos aquellos mercados en los que opera Uber, éste superaría con creces el de la compañía estadounidense.

Por consiguiente, si el enorme valor de Uber le permite comprar las voluntades de todos aquellos políticos y analistas que apoyan la liberalización del sector del taxi, ¿por qué no deberíamos suponer que el muy superior valor de mercado del conjunto de las licencias de taxis le otorga a este oligopolio legal la capacidad para comprar la voluntad de todos aquellos políticos y analistas que se oponen a la liberalización del sector del taxi? Es decir, si, según Unidos Podemos, los defensores de Uber estamos a sueldo de Uber, ¿por qué no cabe suponer que los defensores del taxi, como Unidos Podemos, están a sueldo del lobby del taxi para preservar sus privilegios regulatorios?

En suma, si Unidos Podemos quiere defender el cartelizador sistema de licencias de taxi, que exponga buenos argumentos sobre por qué esas licencias siguen siendo necesarias en la actualidad: que nos expliquen por qué, si los consumidores consideramos que Uber, Cabify o Lyft ya nos proporcionan un servicio mejor que el de los taxis, tenemos que seguir pasando por el embudo de las licencias estatales en beneficio exclusivo de un arbitrario oligopolio legal. Montarse teorías conspirativas para justificar lo aparentemente injustificable sólo descalifica a quienes necesitan recurrir a semejante falacia retórica.

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Doctor en Economía, director del Instituto Juan de Mariana, profesor en el centro de estudios OMMA y en IE University.