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Liberalicen la estiba

El sueldo medio de la economía española es de 22.700 euros anuales. El sueldo medio en el sector de la estiba es de 70.000 euros. ¿Cómo es posible que, en una sociedad que padece una tasa de paro del 18%, los estibadores sean capaces de mantener remuneraciones tan sumamente elevadas? Una posible explicación sería la de que se trata de un colectivo de trabajadores muy poco sustituible: aun cuando en nuestro país haya más de cuatro millones de parados y más de 18 millones de empleados que cobran menos de 70.000 euros anuales, ninguno de ellos está capacitado (ni puede llegar a estarlo) para desempeñar semejante labor. Si efectivamente eso fuera así, resultaría lógico que aquellos poco más de 6.000 estibadores que trabajan en los puertos españoles obtuvieran tan altos sueldos. Sin embargo, éste no es el caso: las altas remuneraciones de los estibadores no se deben a que sean insustituibles por algunos de los muchísimos españoles que estarían dispuestos a reemplazarlos, sino a que disfrutan de un injustificable privilegio legal de acuerdo con el cual las empresas portuarias sólo pueden contratarlos a ellos. Y semejante monopolio legal, como es obvio, les otorga un gigantesco poder de negociación en los convenios colectivos como para imponer casi cualquier tabla salarial que deseen.

En este sentido, los efectos de este privilegio no sólo pasan por restringir la libertad de todos aquellos españoles que podrían querer dedicarse a la estiba y que tienen ilegítimamente vedado el acceso a tal profesión, sino que también repercute negativamente sobre el resto de la economía. El sobrecoste salarial se traduce en un mayor coste de nuestras importaciones y de nuestras exportaciones: es decir, los consumidores españoles pagan precios artificialmente altos por todo aquello que compran fuera, mientras que los empresarios que venden al exterior ven artificialmente reducida su competitividad. Por fortuna, el Tribunal de Justicia de la UE (el mismo que decretó la nulidad retroactiva de las cláusulas suelo) ha decretado que ese privilegio atenta contra la libre contratación dentro de Europa, motivo por el cual ha exigido que se liberalice el sector. El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, dice estar decidido a acatar la sentencia y los estibadores pretenden evitarlo amenazando con paralizar los puertos españoles recurriendo a la huelga. Es comprensible que los privilegiados defiendan sus privilegios: no lo sería que todos los demás cediéramos a su chantaje.

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Doctor en Economía, director del Instituto Juan de Mariana, profesor en el centro de estudios OMMA y en IE University.