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Liberalismo y feminismo

Prólogo del libro Afrodita desenmascarada de María Blanco.

El liberalismo es una filosofía política que defiende el derecho a la libertad de todos los individuos como presupuesto institucional imprescindible para que todos esos individuos puedan perseguir sus propios proyectos vitales coexistiendo entre sí. En ese sentido, el liberalismo no es sólo una filosofía radicalmente favorable a la libertad individual, sino también fundacionalmente igualitarista: todas y cada una de las personas poseen un mismo derecho a la libertad. El filósofo inglés Herbert Spencer lo resumió estupendamente en su conocida ‘ley de igual libertad’: “Cada ser humano posee la libertad de hacer todo aquello que desee siempre que no vulnere la igual libertad de los demás”.

Esa es la razón básica por la que el liberalismo resulta del todo compatible con la primera ola histórica de movimientos feministas: en tanto en cuanto el primer feminismo reivindicaba una absoluta igualdad jurídica entre hombres y mujeres, ese primer feminismo ondeaba una bandera genuinamente liberal. Tal como recalcó ese gran liberal llamado Friedrich Hayek: “La lucha por la igualdad formal y contra toda discriminación basada en el origen social, la nacionalidad, la raza, el credo, el sexo, etc. sigue siendo una de las características más importantes de la tradición liberal”. Sin igualdad jurídica no puede existir liberalismo en tanto en cuanto la desigualdad jurídica equivale a la imposición de servidumbres a unos individuos en favor de otros individuos privilegiados.

Igualitarismo jurídico no significa, empero, igualitarismo social: que a cada persona se le reconozca un simétrico ámbito propio de no interferencia frente al resto de personas no equivale a decir que todas ellas vayan a usar ese ámbito propio del mismo modo y con los mismos resultados. A su vez, que a todos los individuos se les reconozca el derecho a asociarse o desasociarse voluntariamente de otros individuos no significa que todas las redes asociativas que surjan en sociedad serán idénticas. Algunos individuos serán muy exitosos a la hora de usar su libertad para cooperar con otros individuos, mientras que algunas otras personas podrán fracasar en ese empeño. No es necesario trasladar estas intuiciones al ámbito mercantil para ilustrar su verosimilitud: en el ámbito afectivo también es fácilmente observable cómo algunas personas tienen éxito a la hora de encontrar a su media naranja, otras fracasan, otras prefieren vivir en solitario, otras optan por relaciones más abiertas, etc. Es decir, la igualdad jurídica conduce espontáneamente a una observable desigualdad social fruto tanto de la diversidad de preferencias de los individuos cuanto, también, de su diversidad de capacidades. Recomponer por la fuerza esta desigualdad social en la búsqueda de una igualdad social impuesta conllevaría por necesidad un aplastamiento de la igualdad jurídica: a algunas personas se les respetaría su libertad, pero a otras no (las cuales deberían someterse a los designios arbitrarios de una justicia social igualitarista).

Es por ello que el liberalismo encaja tan mal con los llamados feminismos de segunda y, sobre todo, de tercera ola, los cuales no se limitan a reclamar la imprescindible igualdad jurídica entre todas las personas con independencia de su sexo, sino que pretenden modificar las estructuras sociales que son el resultado de la libre interacción entre todos los individuos —jurídicamente iguales— que conforman una sociedad. Desde esa perspectiva, parece bastante obvio por qué el liberalismo, que propugna igual libertad jurídica para todos, no puede suscribir propuestas que implican el uso de la fuerza estatal para prohibir u obligar a personas determinadas a que se comporten de un modo distinto al que desean comportarse dentro de su esfera de libertades. Así las cosas, y desde el punto de vista de la neutralidad moral liberal con respecto a los heterogéneos estilos de vida libremente elegidos por los individuos, los liberales qua liberales no deberían tener nada que decir con respecto a, verbigracia, cualquier posible desigualdad salarial entre hombres y mujeres, a las tasas de alfabetización de la mujer, al asimétrico reparto de las tareas domésticas o incluso a la absoluta subordinación de la mujer frente al hombre dentro de la “voluntaria” institución familiar. Ésta es, al menos, la posición de lo que podríamos denominar —siguiendo al filósofo Rad Geek— un liberalismo delgado o esquelético: todo aquello que no vulnere la libertad de las personas queda fuera del foco analítico del liberalismo.

Sin embargo, esta postura minimalista corre el riesgo de degenerar en un reduccionismo ético. La consecución de los fines de cualquier persona no sólo depende de su habilidad dentro de la esfera de libertad que le viene garantizada por el respeto universal a las normas de justicia, sino que, como ya hemos indicado antes, también depende de las estructuras sociales que se conforman como consecuencia de la libre interacciones entre los individuos: la moral, la costumbre, el lenguaje o la religión conforman un segundo escalafón de normas —subordinadas a las normas generales de justicia— que, sin requerir de coacción, restringen las relaciones que pueden llegar a trazar los individuos en sociedad. En este sentido, y dentro de la perspectiva del feminismo, cabría exhibir preocupación y queja por aquellas instituciones espontáneas que tiendan a minusvalorar sistemáticamente a la mujer: por ejemplo, la (auto)segmentación por roles en ciertas profesiones, la marginación de la mujer al ámbito doméstico, la exclusión femenina del ámbito universitario, la discriminación salarial dentro del ámbito laboral o la sujeción absoluta de la mujer al arbitrio del hombre por presunto mandato divino.

Y como también hemos señalado, el liberalismo se opone prima facie a que el Estado se inmiscuya en esas instituciones sociales surgidas de la libre interacción de las personas: no sólo porque se corre el muy serio riesgo de caer en una desgracia de “ingeniería social” —construir unas nuevas instituciones sociales que se subordinen a los intereses de la clase oligárquica del Estado—, sino porque el Estado sólo es capaz de alterarlas utilizando la coacción sobre personas determinadas, limitando así su libertad; algo inaceptable para cualquier liberal. Ahora bien, hay al menos dos motivos por los cuales los liberales no deberían ser moralmente indiferentes con respecto a —al menos algunas de— estas instituciones sociales contra las que suele cargar el feminismo.

El primero es la posible incompatibilidad entre esas instituciones sociales y los valores subyacentes al liberalismo. ¿Por qué el liberalismo defiende un sistema normativo centrado en la libertad individual? Para permitir que cada persona persiga sus propios proyectos vitales sin interferencia de otros individuos. ¿Tiene sentido ser moralmente indiferente ante instituciones que cercenan —aun sin utilizar la violencia— profundamente la capacidad de las personas para perseguir esos proyectos vitales o, al hacerlo, no estamos incurriendo en una honda contradicción con las razones últimas por las cuales defendemos el liberalismo? En ese sentido, podría haber estructuras sociales que oprimieran de manera muy severa a las mujeres y que deberían ser vistas con gran recelo por cualquier liberal: baste imaginar, por ejemplo, una religión muy extendida en la que se exigiera que el sexo femenino que se sometiera a una absoluta servidumbre en favor del sexo masculino; aun cuando la difusión de esa religión se desarrollara por medios absolutamente voluntarios y sin conculcar las libertades de nadie, el liberalismo debería contribuir a combatirla intelectualmente: esto es, denunciando todos aquellos argumentos sin fundamento científico que sólo sirven para justificar una arbitraria sumisión de la mujer al hombre. Por supuesto, también es necesario recalcar que cualquier liberal debe ser prudentemente escéptico a la hora de combatir, aunque sea por medios pacíficos, ideas y modos de vida ajenos: en ocasiones, la línea que separa la intolerancia hacia la legítima pluralidad de modelos alternativos de vida y la intolerancia hacia la intolerancia arbitraria puede ser extremadamente delgada; lo que a un observador externo puede parecernos una estructura social caprichosa al servicio de los hombres podría tratarse simplemente de una estructura social que solventa funcionalmente ciertos problemas de coordinación entre individuos. No toda institución social que a simple vista nos parezca injustificadamente “patriarcal” tiene por qué serlo realmente y lanzarse a criticar cualquier herencia cultural por el simple hecho de que nos disguste instintivamente podría llevarnos a alimentar una innecesaria conflictividad social que, a su vez, también restringe la autonomía de las personas. En todo caso, y con las debidas cautelas, el liberalismo no debe ser indiferente frente a instituciones inhabilitadoras de los seres humanos, incluyendo, claro, a las mujeres.

Con todo, mucho más importante es el segundo motivo por el que los liberales no deberían encogerse de hombros ante algunas de esas instituciones sociales: que las mismas sean el resultado de una coacción estatal previa. Las estructuras sociales son persistentes en el tiempo y algunas de ellas pueden haber nacido en un contexto histórico en el que la mujer no disfrutaba de plena igualdad jurídica con el hombre y, por tanto, en el que sus oportunidades legales para autorrealizarse estaban cercenadas: ese marco jurídico liberticida puede haber condicionado la aparición de estructuras sociales que todavía continúen con nosotros y que limiten gravemente el margen de actuación de las mujeres. Por ejemplo, si en una sociedad las mujeres han tenido tradicionalmente prohibido acudir a la universidad, levantar tal restricción no solventará de inmediato los problemas que provocaba, pues puede haberse generalizado la costumbre de que las mujeres no acudan a la misma —no muestren interés por los estudios superiores—  y, en todo caso, habrá varias generaciones de mujeres que carecerán de titulización universitaria y que, por tanto, tendrán dificultades para acceder a los puestos más capacitados del mercado; asimismo, si en una sociedad sólo las mujeres tenían prohibido divorciarse, la legalización del divorcio probablemente tampoco elimine ipso facto la tacha social negativa asociada a esta práctica por su parte; o, igualmente, si en una sociedad las leyes han segmentado entre profesiones “preferentemente para hombres” y “preferentemente para mujeres”, parece lógico que, aun después de levantar tal normativa, los hábitos laborales pasados perduren en el tiempo.

Difícilmente el liberalismo puede permanecer neutral ante tales situaciones que restringen de facto la autonomía de una persona y que, además, pueden ser consecuencia de una previa limitación de iure en sus libertades. Sin embargo, ni siquiera en tales casos el liberalismo podrá legitimar el uso de la violencia —especialmente contra personas inocentes que nada tuvieron que ver en la conculcación de las libertades pasadas de las mujeres— como mecanismo para “reparar” las secuelas de injusticias previas: o dicho de otro modo, el que algunos hombres reprimieran durante un tiempo la libertad de todas las mujeres no justifica la represión actual de aquellos otros hombres —por el mero hecho de ser hombres— que no participaran en tal cercenamiento de sus libertades. Aunque las víctimas pudieran ser todas las mujeres, la responsabilidad no puede recaer en todos y cada uno de los hombres. De ahí que las políticas de discriminación positiva —u otras medidas estatales como la reeducación forzosa o la tipificación asimétrica por razón de sexo en las leyes penales— que propugna buena parte del feminismo como compensación histórica a todas las mujeres por la conculcación de sus libertades pasadas no puedan hallar cabida dentro del liberalismo.

Pero que el uso de la violencia no esté legitimado para el liberalismo no significa, como decíamos, que el liberalismo deba tener una visión neutral con respecto a tan problemáticas instituciones. Al contrario, entroncará perfectamente con el liberalismo el combatirlas a través de un activismo social de carácter voluntario —visibilizando, informando o financiando— que permita acelerar su transformación hacia otras que dejen de encorsetar irracionalmente a las mujeres. Frente al dirigismo estatal coactivo top-down del feminismo antiliberal, el feminismo liberal optará por el activismo social voluntario bottom-up como vía para denunciar y regenerar aquellas instituciones que el Estado contribuyó directa o indirectamente a crear y que todavía hoy hipotecan los proyectos vitales de muchas mujeres.

En definitiva, el feminismo que reivindica igualdad jurídica entre hombres y mujeres será absolutamente consustancial al liberalismo. El feminismo que promueve el cambio de las estructuras sociales no sólo podrá compatibilizarse con el liberalismo siempre que no emplee medios violentos para ello, sino que también cabrá considerarlo como una manifestación más de esta filosofía política en tanto busque acabar con aquellas estructuras sociales extremadamente opresivas con la mujer o que hayan nacido bajo el amparo de la coacción estatal. Todas aquellas personas que se muestren preocupadas por los derechos de las mujeres o por la reparación presente de injusticias pasadas contra ellas pueden encontrar cabida dentro del liberalismo siempre que rechacen conculcar las libertades de otros hombres y mujeres inocentes: de hecho, en este libro de la profesora María Blanco encontrarán una perfecta exposición de la posibilidad y de la necesidad de ese feminismo liberal.

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Doctor en Economía, director del Instituto Juan de Mariana, profesor en el centro de estudios OMMA y en IE University.