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Popular: cuesta abajo y sin frenos

El Banco Popular continúa sin levantar cabeza y, de hecho, esta última semana ha sido la peor de su historia. Su cotización bursátil se ha desplomado un 38% desde el pasado lunes (tan sólo el viernes cayó un 17,4%), por lo que su valor de mercado ni siquiera alcanza los 1.700 millones de euros. Las previsiones más optimistas acerca del agujero que todavía soporta el banco lo tasan en cerca de 2.000 millones de euros (estimaciones más realistas hablan de un mínimo de 3.000 millones de euros): dicho de otra manera, aunque se le regalara el banco a algún inversor interesado, tendría que aportar 300 millones de euros a fondo perdido. Y eso, en el mejor de los supuestos.

A la vista de tales cifras, resulta obvio por qué las posibles soluciones “de mercado” para el Popular van volviéndose cada vez más escasas. La ampliación de capital queda ya completamente descartada, de manera que todas las esperanzas se concentran en que aparezca un generoso comprador que esté dispuesto a soportar las milmillonarias pérdidas latentes. Durante las últimas semanas, parecía que iba a ser Bankia el caballero blanco que, con el dinero de todos los contribuyentes, acudiera al rescate: pero la operación constituía un despropósito de tal calibre que, según se nos ha dicho, el propio Goirigolzarri amenazó con dimitir si se le obligaba a llevarla a término. Ahora las esperanzas están puestas en el Banco Santander, pero, a menos que las presiones gubernamentales sean enormes, no queda muy claro qué se le ha perdido a esta entidad en esta arriesgada aventura financiera.

Acaso por ello, desde Europa ya comienzan a filtrarse los rumores de que la resolución del Banco Popular está cada vez más cerca. Esta misma semana, Elke König, presidenta del Mecanismo Único de Resolución (MUR) europeo, afirmó estar siguiendo muy de cerca la evolución del Banco Popular: en caso de que el proceso de adquisición fracase, el MUR podría decidir intervenir, esto es, podría determinar que el Popular debe ser liquidado trasladando las correspondientes pérdidas a sus acreedores.

Tal solución sería inédita en la crisis económica española: hasta ahora, todo banco quebrado ha sido rescatado con dinero público para evitar que sus acreedores sufrieran la más mínima pérdida. El argumento aducido para justificar esta inyección de capital de los contribuyentes en el sector financiero fue el de evitar males mayores: si las pérdidas de los bancos se trasladaban a sus acreedores, a corto plazo se corría el riesgo de desatar un pánico en el conjunto del sistema; y, a largo plazo, el coste de financiación de todos nuestros bancos se incrementaría.

A día de hoy, sin embargo, no parece haber riesgo alguno de pánico en nuestra banca: la mayoría de entidades se hallan saneadas y el Banco Central Europeo está dispuesto a proporcionar la liquidez que pudiera llegar a necesitarse. Lo que sí sucederá de trasladarse el agujero a los acreedores es que el coste de financiación futuro de nuestros bancos se incrementará. Pero no hay nada malo en ello: ese mayor coste de financiación tan sólo reflejará el riesgo real de la banca (el riesgo no subvencionado por la perspectiva de rescate). No hay que subvencionar el endeudamiento imprudente: ello sólo nos conduce a crisis recurrentes.

En definitiva, aunque no disponemos de toda la información sobre la auténtica situación financiera del Popular, las voces que nos llegan desde Europa apuntan crecientemente a la posibilidad de intervenir la entidad para imponer pérdidas a sus acreedores. Sería la mejor y más justa de las soluciones posibles. Esperemos que el Gobierno no la bloquee.

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Doctor en Economía, director del Instituto Juan de Mariana, profesor en el centro de estudios OMMA y en IE University.