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Educar en casa

Durante los últimos días ha saltado a los medios de comunicación el caso de Leonel Virosta: un adolescente superdotado de 18 años que ha sido educado en casa por sus padres puesto que el sistema educativo español no conseguía potenciar sus capacidades intelectuales. El resultado de esta instrucción paterna ha sido excelente, como se refleja en el hecho de que Virosta haya obtenido un sobresaliente en las pruebas de acceso a la universidad. Sin embargo, la absurda regulación española le ha impedido matricularse en cualquier universidad nacional porque ninguno de los títulos acreditativos de su formación es oficial. El joven, pues, se hallaba en un limbo jurídico que bien podría haberle excluido de la educación terciaria por culpa del empecinamiento burocrático a que la validez de todo conocimiento sea acreditado por instituciones públicas dentro de los rígidos circuitos habilitados a tal efecto (asistencia y examinación en la escuela reglada). Por fortuna, otros países de nuestro entorno no padecen de una mentalidad tan sumamente cerrada y antiliberal, de forma que el talentoso Virosta ha resultado finalmente aceptado para cursar sus estudios superiores en la Universidad de Manchester.

El caso de este adolescente —uno de tantos que practican el homeschooling en España debido a la más que razonable desconfianza hacia un sistema educativo sesgadamente regulado por el Estado— debería llevarnos a impulsar al menos dos tipos de reformas. La primera es la legalización de la educación en el ámbito doméstico. Debería resultarnos inaceptablemente reduccionista y liberticida el que, cuando los padres desean educar completa o parcialmente a sus hijos en sus hogares, se fuerce a que todo niño sea escolarizado dentro del circuito adoctrinador convenientemente diseñado por nuestros políticos: el homeschooling está permitido en países tan avanzados y civilizados como EEUU y Reino Unido, y no hay razones de peso para seguir obstaculizándolo en España. La segunda es la búsqueda de mecanismos alternativos de acreditación de conocimientos que no pasen por un sello estatal condicionado a la escolarización. Cada universidad debería poder efectuar —si es que lo considera oportuno y necesario— sus propias pruebas de acceso y éste debería poder ser el único criterio a tener en cuenta para determinar quién es apto para matricularse en ese centro de estudios superiores. No es de recibo que en pleno siglo XXI continuemos con anacrónicos procesos educativos que sacrifican la libertad y la excelencia para implantar un mayor control estatal sobre la población.

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Doctor en Economía, director del Instituto Juan de Mariana, profesor en el centro de estudios OMMA y en IE University.