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La larga batalla contra el robo del Impuesto de Sucesiones

El Impuesto de Sucesiones es un robo injusto e ineficiente. Es un tributo injusto porque grava nuevamente aquella riqueza que ya tuvo que pasar por la caja del Fisco en el momento de ser generada: el caudal relicto del causante no es más que la consecuencia de la continuada acumulación de aquellos ingresos generados a lo largo de su vida y por los que ya tuvo que pagar su correspondiente mordida impositiva. ¿A qué viene fiscalizar, pues, nuevamente a los ciudadanos por una masa patrimonial que ya fue sometida a gravamen tributario?

El impuesto es ineficiente porque distorsiona enormemente las decisiones de los agentes económicos: al penalizarse la herencia, se desincentiva el ahorro entre generaciones y se fracciona el capital empresarial que se transfiere a los herederos (por ejemplo, forzando la venta de la totalidad o de una parte de la empresa familiar para poder atender el pago del impuesto). La penalización del ahorro y la fragmentación de la inversión redundan en un menor crecimiento económico para el conjunto de la sociedad.

Injustica e ineficiencia que, para más inri, se padecen por apenas un plato de lentejas: la recaudación del Impuesto de Sucesiones en toda España apenas alcanza los 2.566 millones de euros anuales, esto es, tan sólo el 0,6% de todos los ingresos de las Administraciones Públicas. Injusticia pauperizadora para sufragar una porción completamente insignificante del presupuesto estatal.

Acaso por ello, desde hace meses se ha extendido por todo el país una admirable marea ciudadana contra este tributo pero que ha latido de manera muy especial en Andalucía, Extremadura, Aragón, Asturias y Castilla y León. En estas cinco comunidades, una herencia de 800.000 euros se ve forzada a abonar entre 200.000 y 210.000 euros. Frente a ello, en otras autonomías como Madrid o Canarias, tan sólo ha de pagarse una suma inferior a los 2.000 euros.

De ahí que constituya una muy buena noticia el que Ciudadanos Andalucía haya obligado al PSOE andaluz de Susana Díaz a introducir una exención de un millón de euros en el Impuesto de Sucesiones andaluz. A partir de 2018, aquellos ciudadanos que reciban una herencia inferior a un millón de euros de sus cónyuges, padres, abuelos o hijos dejarán de tributar. En otras palabras, la rebelión ciudadana contra este confiscatorio impuesto ha terminado dando sus frutos: en primer lugar, presionó a Ciudadanos para que reclamara su abolición y, posteriormente, Ciudadanos presionó al PSOE para eliminarlo.

Es verdad que el coste presupuestario de la medida será escaso para la Junta. Como ya hemos indicado, su relevancia recaudatoria es baja en el conjunto del Estado: en el caso particular de Andalucía, apenas cubría el 1,3% de sus gastos autonómicos (y en este caso, recordemos, el tributo ni siquiera se ha eliminado por entero). Pero, a pesar del escaso coste que supondrá la exención para la Junta, no ha sido una misión nada sencilla el haber conseguido que se apruebe: no olvidemos que, hace apenas unos meses, Susana Díaz acusó a la Comunidad de Madrid de ser un paraíso fiscal justamente por tener bonificado el mismo impuesto que ella acaba ahora de eximir por debajo del millón de euros. ¡Cómo cambian los tiempos!

Sin embargo, una vez logrado este hito merced a una ilusionante movilización social antiimpuestos, no es momento de plegar las velas: primero porque, por bienvenida que sea la exención del millón de euros, el injusto y pauperizador tributo debe desaparecer completamente del ordenamiento andaluz; y segundo, porque muchas otras autonomías españolas lo siguen manteniendo, condenando a sus ciudadanos a un infierno hereditario. En definitiva, la llama de la rebelión fiscal contra el Impuesto de Sucesiones debe seguir encendida para lograr erradicarlo en todas sus formas de todas las partes de España.

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Doctor en Economía, director del Instituto Juan de Mariana, profesor en el centro de estudios OMMA y en IE University.