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Impuesto Wallapop

Wallapop es una compañía española que busca intermediar entre compradores y vendedores de bienes de segunda mano mediante el uso de la geolocalización desde nuestros teléfonos móviles: de esa manera, se potencia la reutilización y el comercio de proximidad, dos de las reivindicaciones más frecuentes por parte de quienes propugnan un desarrollo menos intensivo en recursos naturales. Dicho de otro modo, Wallapop podría ser puesta perfectamente como ejemplo de compañía española innovadora y comprometida privadamente con la sostenibilidad medioambiental. En muchos países, constituiría un tentador caramelo para que nuestros políticos le otorgaran alguna distinción en un pomposo acto público desde el que hacerse propagandísticamente la foto. Pero en España, al parecer, en lugar de distinciones honoríficas preferimos castigarla con impuestos. Este pasado jueves, el fiscalmente insaciable ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, exigió a través de la Dirección General de Tributos que todas las ventas de segunda mano efectuadas a través de internet abonen una mordida del 4% al Fisco. A decir verdad, pues, los únicos damnificados no son los usuarios de Wallapop: también los de eBay, Vibbo, Amazon, Milanuncios y, en general, los de cualquier otra plataforma virtual de compraventa de segunda mano. Y, también a decir verdad, Montoro no se está inventando ningún tributo nuevo, sino que tan sólo está presionando a las comunidades autónomas para que hagan efectivo el cobro de un impuesto cuya gestión se les ha transferido: el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), en su modalidad sobre bienes muebles. El ITP grava la transmisión de cualquier bien —mueble o inmueble— entre particulares: esto es, vuelve a crujirnos fiscalmente por adquirir una mercancía por la que ya se pagó IVA en su momento. Para Hacienda, ningún expolio es suficiente: si puede volver a meter la cuchara varias veces en un mismo plato, lo hará sin miramientos hasta que deje el plato vacío. Formalmente, pues, el impuesto Wallapop no constituye ninguna alteración de nuestro ordenamiento fiscal: sólo dirige el ya existente ITP contra el mundo de internet. Materialmente, empero, sí lo hace: hasta ahora, el ITP no se aplicaba sobre las transacciones vía internet por las dificultades técnicas de controlarlas. A partir de ahora, Montoro ordena hacerlo. Luego nos preguntaremos por qué se innova poco en nuestro país y saldrá este mismo Gobierno proponiendo subvenciones para el desarrollo disruptivo de start-ups. Por un lado nos roban y por otro nos compran: todo menos dejarnos producir riqueza en paz.

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Doctor en Economía, director del Instituto Juan de Mariana, profesor en el centro de estudios OMMA y en IE University.