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¿Un contrato social? Para nada

La apelación a un "contrato social" que hay que recomponer para reparar la lacerante desigualdad en que hemos incurrido es harto recurrente dentro de la filosofía política. Los ciudadanos, se nos dice, tenemos obligaciones con el resto de la sociedad, y llega un momento en que el Estado debe ejecutar forzosamente tales obligaciones; por ejemplo, redistribuyendo la renta mediante la fiscalidad. Pero en realidad, jamás nadie ha dado su consentimiento a contrato social alguno: ni de manera explícita ni tácitamente. El contenido de ese presunto contrato se nos ha impuesto siempre a expensas de nuestros derechos, primero, y de nuestro bolsillo después.

El economista Antón Costas acaba de escribir un libro, El final del desconcierto, en el que diagnostica una ruptura del "contrato social español", especialmente visible en la creciente desigualdad que ya se vivía antes de la crisis -la cual motivó el sobreendeudamiento del sector privado que nos condujo a la burbuja- y que se ha acelerado durante la presente recuperación económica -basada en expansivos márgenes empresariales y en el estancamiento de los salarios-. Para detener la situación, Costas reivindica un papel más activo del Estado a la hora de redistribuir la renta: un renovado consenso popular al respecto.

Pese a la aparente coherencia del discurso y de las propuestas de Costas, no coincido con el economista catalán: ni su diagnóstico es correcto ni, en consecuencia, sus propuestas son pertinentes. Por un lado, es equivocado atribuir la gestación de la burbuja a la creciente desigualdad que presuntamente se vivía en España durante aquellos años. La desigualdad de la renta descendió casi ininterrumpidamente desde mediados de los 90 hasta 2007: en particular, el índice Gini de 1995 era de 34; el de 2001, de 33, y el de 2007 de 31,9. Y, en segundo lugar, el sobreendeudamiento de las familias españolas no se debió -como también trata de vincular el exministro Jordi Sevilla en una reciente recensión del libro de Costas- a que esa (no) creciente desigualdad de la renta empujara a los españoles a endeudarse para mantener un nivel de vida digno, sino a los bajísimos tipos de interés instalados entre 2002 y 2006 por el Banco Central Europeo para, precisamente, promover ese sobreendeudamiento "estimulante". No deberíamos olvidar que la deuda privada se acumuló especialmente en el sector de la construcción, y que la vivienda no es un bien que solo adquieran con deuda las familias más pobres, sino en general cualquier hogar con independencia de su poder adquisitivo.

Por otro lado, también es erróneo culpar a la falta de instituciones redistributivas del incremento de la desigualdad de renta que sí hemos vivido en España durante la crisis (de un índice Gini de 31,9 en 2007 hasta el 34,7 de 2014). No en vano, el 80% de ese incremento de la desigualdad de ingresos se explica, de acuerdo con la OCDE, por el aumento del desempleo (tan es así que desde 2014, y merced a la creación de puestos de trabajo, la desigualdad de ingresos ya ha comenzado moderadamente a descender); y el aumento del desempleo se debió al pinchazo de la burbuja inmobiliaria y a la subsiguiente depresión económica (junto con nuestro pésimo marco legal de relaciones laborales).

El repunte de la desigualdad de ingresos que hemos vivido durante la última década (que por cierto ha ido acompañada de una reducción de la desigualdad del gasto en consumo) no se debe a ningún retroceso de las políticas redistributivas del Estado (al contrario: el peso del gasto público sobre el PIB español se ha mantenido constante entre el 40% y el 42% desde comienzos de los 90). ¿A qué entonces viene proponer una expansión del intervencionismo estatal en todos los frentes? Lo que España necesita no es más Estado: a saber, más impuestos, más burocracia, más redes clientelares o más subsidios que desincentivan el trabajo. Lo que España necesita son instituciones mucho más amigables con la creación de riqueza en el mercado: menos impuestos, menos burocracia y un marco más favorable para las empresas competitivas. En vez de imponer a los ciudadanos un nuevo contrato social que otorgue más poder al Estado, asegurémonos simplemente de garantizar la existencia de una sociedad de individuos libres y responsables capaces de firmar a título individual todos aquellos contratos particulares que deseen.

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Doctor en Economía, director del Instituto Juan de Mariana, profesor en el centro de estudios OMMA y en IE University.