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Contra los permisos parentales intransferibles

Una de las reclamaciones más insistentes de la huelga feminista del pasado 8 de marzo fue el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad que sean iguales e intransferibles. Actualmente, en España, las madres cuentan con 16 semanas de permiso —diez de las cuales son transferible al padre— y los padres únicamente con cuatro —intransferibles—.

En parte, puede parecer lógico que el feminismo concentre sus reivindicaciones en los permisos parentales para el cuidado de los hijos: la maternidad, como ya tuvimos ocasión de explicar, es el principal factor que explica la brecha salarial. Las mujeres, en mucha mayor medida que los hombres, tienden a reducir sus jornadas laborales y a buscar sectores con horarios más flexibles (aun estando peor pagados) para atender a la crianza de sus hijos: por tanto, parecería que, en efecto, los permisos parentales deban ser uno de los principales problemas a solucionar. Y es que, si hombres y mujeres tienen exactamente el mismo permiso, no habrá razón para penalizar salarialmente más a mujeres que a hombres: sobre todo si los permisos son intransferibles (puesto que, en caso contrario, suele ser la mujer quien los usa en muchísima mayor medida que los hombres). La tesis tiene, empero, dos grandes problemas: uno de eficacia y otro de moralidad.

Primero, los efectos laborales de la maternidad van mucho más allá de los cuidados requeridos por el menor durante los primeros meses de vida: como decíamos, también están relacionados con la reducción estructural de jornada o la búsqueda de flexibilidad para poder hacerse cargo del hogar. Así las cosas, incluso en países que, como Islandia o Suecia, han establecido permisos parentales iguales e intransferibles, son las mujeres las que tienden a convertirse en las protagonistas de la crianza de sus hijos. No es que la igualación de los permisos haya sido estéril (los padres los utilizan en mucha mayor medida que antes, sobre todo si son intransferibles), pero ni mucho menos constituye una respuesta a todas las muy variadas dimensiones en las que la maternidad afecta a la carrera profesional de al menos uno de los progenitores (normalmente, la mujer) y, por tanto, a la brecha salarial. Tan es así que la brecha salarial por hora en Islandia asciende al 16,3% y en Suecia al 13,3% (frente al 14,2% de España).

Segundo, la institucionalización de permisos parentales intransferibles desvirtúa por entero su presunto cometido, a saber, proporcionar un especial cuidado y protección al recién nacido durante sus primeros meses de vida. Al cabo, ¿en qué ayuda al cuidado del menor el que los permisos sean intransferibles entre progenitores? En nada, más bien al contrario: la intransferibilidad reduce la flexibilidad con la que cuentan las parejas para organizarse internamente en la crianza de sus hijos del modo en que juzguen óptimo atendiendo a sus circunstancias particulares. Si la ley decreta que los permisos sean intransferibles no es para ampliar la protección del menor, sino para influir políticamente en la estructura de la familia: no se tiene en mente la mejor tutela del menor, sino el mayor igualitarismo de género aun a costa de una peor tutela del menor.

Ésta es la principal razón, de hecho, por la que en Dinamarca, a pesar de su generosa política de permisos parentales, no existen propiamente derechos paternales intransferibles: las madres cuentan con un permiso (intransferible) de 14 semanas inmediatamente después de nacer su hijo y, a partir de ese momento, ambos progenitores disfrutan de un derecho parental de 46 semanas a dividir del modo en que consideren oportuno.  

Como es obvio, la transferibilidad de los permisos parentales no impide que las mujeres sigan haciéndose desproporcionadamente cargo de la crianza de los hijos durante sus primeros años de vida. En la medida en que socialmente se considere que ellas son las responsables de semejante tarea (el tan mentado “patriarcado”), pueden terminar concentrando la mayor parte del tiempo del permiso parental. Sin embargo, aquellos ingenieros sociales vocacionales que deseen alterar tales roles de género tradicionales —y pueden existir motivos razonables para promover esa alteración— no deberían hacerlo a costa de subordinar legalmente la tutela del menor a su ambiciones ideológicas: de la misma manera que no veríamos lógico que se impusiera por ley la custodia compartida de los menores en todos los casos de separación —pues resulta necesario evaluar en cada caso las circunstancias concurrentes para así buscar la solución óptima para el menor—, tampoco deberíamos verlo lógico en el caso de los permisos parentales —donde son los padres quienes también deberían evaluar las circunstancias concurrentes para buscar la mejor solución para el menor—.

Quienes consideren que padres y madres deberían repartirse de un modo más equilibrado la crianza de sus hijos no tendrían que avanzar hacia ese objetivo mediante imposiciones legales de carácter universal e indiscriminado, sino tratando de modificar la mentalidad de los implicados a través de la persuasión y del debate público. En este caso específico, además, tendría que ser evidente que los menores no deberían convertirse en objetos de experimentación del feminismo colectivista: su eficaz tutela habría de prevalecer sobre las pretensiones políticas del igualitarismo de género. Y, para ello, los derechos parentales han de ser libremente disponibles por cada pareja en función de sus necesidades y preferencias particulares: es decir, han de ser internamente transferibles. Promover permisos parentales intransferibles sólo supone priorizar el igualitarismo de género a la protección de los menores.

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Doctor en Economía, director del Instituto Juan de Mariana, profesor en el centro de estudios OMMA y en IE University.