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Pensiones públicas: enfermas e insostenibles desde hace 30 años

Los sistemas públicos de pensiones suelen estar basados en una organización piramidal: los trabajadores actuales son los que pagan las pensiones actuales. De ahí que, si el número de trabajadores aumenta más lentamente que el de pensionistas, la salud financiera del sistema se resienta a menos que, en paralelo, los obreros inyecten más dinero para sufragar sus desembolsos. El esquema es, por tanto, calcado al de un Ponzi: si los que retiran capital del sistema superan en cantidad a los que lo aportan, éste se vuelve insostenible salvo que los nuevos inversores aporten mucho que antes.

En España, la Seguridad Social acumula quiebra tras quiebra desde hace cuatro décadas. Su insostenibilidad no es nueva, sino que se ha convertido en una constante dentro de nuestro sistema público: de ahí que, desde hace cuatro décadas, las condiciones de jubilación hayan venido deteriorándose de manera incesante y continuada. Baste recordar que, antes de 1985, los españoles disfrutaban, a cambio de sus cotizaciones sociales, del derecho a recibir asistencia sanitaria gratuita y a jubilarse a los 65 años con una pensión calculada promediando los dos últimos años de salario. En la actualidad, los españoles ya no reciben sanidad gratuita a cambio de sus cotizaciones sociales (pues ésta ha pasado a financiarse a través de nuevos impuestos) y su jubilación se produce a los 67 años con unas pensiones que se calculan promediando los últimos 25 años de salario siempre que, al menos, se haya cotizado durante 37 años; a su vez, esas pensiones se hallan desindexadas del IPC y, a partir de 2019, irán reduciéndose en torno a un 4% por cada año en que aumente la esperanza de vida.

Este deterioro histórico de las condiciones de jubilación es sólo la consecuencia del deterioro histórico de aquellos presupuestos que permiten que un esquema Ponzi siga funcionando: es decir, del deterioro de aquellos presupuestos que permiten que lo que salga del sistema sea igual a lo que entra en el sistema. ¿Y cuáles son esos presupuestos cuyo deterioro ha provocado el progresivo recorte de las pensiones?

Esta semana, Fedea ha publicado un informe titulado La salud financiera del sistema público de pensiones español. Un análisis retrospectivo, donde se estudian las razones por las que la sostenibilidad de la Seguridad Social ha ido decayendo desde 1985. Su conclusión básica es que los dos motores de la erosión de la salud financiera de las pensiones públicas son, por un lado, el aumento del número de pensionistas en relación con el número de trabajadores; por otro, el aumento continuado de la cuantía de las pensiones reales con respecto a unos salarios reales que llevan estancados desde comienzos de los 90.

Nota: W es el salario medio; Wbar30 es la media móvil a 30 años del salario medio; y PENSM es la pensión media.
Nota: W es el salario medio; Wbar30 es la media móvil a 30 años del salario medio; y Pensm es la pensión media.

 

Así pues, en contra de lo que suele decirse, la debilidad de la Seguridad Social no se debe a factores coyunturales, como la deflación salarial ocasionada por la reforma laboral de 2012: de hecho, en el período 2013-2016, Fedea estima que la evolución de los salarios reales ha contribuido positivamente al sostenimiento del sistema de pensiones. Buena parte de las dificultades financieras de la Seguridad Social se deben a que los salarios reales llevan estancados desde principios de los 90 mientras las pensiones han continuado aumentando autónomamente. ¿Y por qué?

Pues porque, como también explica Fedea, la productividad de los trabajadores se ha estancado desde los 90. De ahí que la tan recurrente propuesta podemita de sostener las pensiones con subidas salariales sea del todo inútil: aumentar los salarios por decreto al margen de la productividad sólo contribuiría a incrementar el paro y, por tanto, a deteriorar la salud financiera de la Seguridad Social (menor número de trabajadores por pensionista). De hecho, gran parte del estancamiento salarial experimentado durante los últimos 30 años se debe al fuerte aumento del número de ocupados que ha vivido nuestra economía durante ese mismo período: y es que, tras la crisis económica de los 90, el número de trabajadores aumentó desde 13 millones a más de 20. Dado que las disponibilidades de capital productivo por ocupado no crecieron en la misma medida, la productividad —y por tanto los salarios reales— se estancaron (pero nótese que, si el número de trabajadores no hubiera aumentado y los salarios reales sí hubieran crecido, las pensiones se habrían vuelto igualmente insostenibles debido a un deterioro mucho mayor de la ratio entre el número de pensionistas y el de trabajadores).

En definitiva, la Seguridad Social no está en bancarrota porque la reforma laboral de 2012 haya hundido los salarios de los españoles. Dado que las pensiones públicas están organizadas en forma de esquema Ponzi, el sistema se ve abocado a una crisis toda vez que salga más de lo que entre: y, desde hace tres décadas, tanto el número de pensionistas como la cuantía de las pensiones (determinantes de “lo que sale”) ha aumentado sostenidamente en relación con el número de trabajadores y la cuantía de los salarios (determinantes de “lo que entra”). Los recortes actuales, pues, son sólo la consecuencia inexorable de los defectos de base de las pensiones públicas.

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Doctor en Economía, director del Instituto Juan de Mariana, profesor en el centro de estudios OMMA y en IE University.