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Los presupuestos son una herramienta para comprar votos

Suele decirse que los Presupuestos Generales del Estado son el instrumento con el que democráticamente nos hemos dotado para, por un lado, financiar la prestación de aquellos servicios comunes a toda la ciudadanía y, por otro, redistribuir la renta desde los ricos hacia los pobres. A este último respecto, permítanme que les muestre el siguiente gráfico donde figuran las tasas de riesgo de pobreza de cinco colectivos sociales en España: los asalariados con contrato indefinido, los asalariados con contrato temporal, los autónomos, los parados y los jubilados.

Tasa de riesgo de pobreza en 2016

 Tasa de riesgo de pobreza en 2016. (INE y Eurostat)
Fuente: INE y Eurostat

Como vemos, el mayor riesgo de pobreza se concentra entre los parados, los autónomos y los temporales, siendo notablemente inferior entre jubilados e indefinidos. Mientras que la tasa de riesgo de pobreza de los primeros oscila entre el 20% y el 50%, la de los segundos es igual o inferior al 10%. En consecuencia, si los presupuestos reamente buscaran auxiliar a aquellos colectivos sociales más desfavorecidos, sus principales novedades para 2018 deberían concentrarse en beneficiar a parados, autónomos y temporales.

¿Ha sido así? Me limitaré a citar al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro: “Estos son los presupuestos de los funcionarios y de los pensionistas”. Es decir, los dos principales beneficiarios de estos presupuestos son los dos colectivos con un menor riesgo de pobreza: a saber, los jubilados y un subsector de los asalariados —sobre todo, de los asalariados indefinidos— como son los funcionarios (cuyas remuneraciones, para más inri, ya se encuentran por encima de la media nacional). Es verdad que otra de las medidas estrella de estos presupuestos —la rebaja del IRPF para aquellos trabajadores con rentas entre 12.000 y 18.000 euros— sí podría beneficiar a autónomos y temporales, pero no desde luego a aquellas personas más vulnerables dentro de tales colectivos (el umbral de riesgo de pobreza unipersonal se ubica en 8.208 euros anuales y la rebaja del IRPF sólo se dirige a rentas por encima de los 12.000).

¿Cómo es posible que, si una de las funciones básicas de los presupuestos es redistribuir la renta de ricos a pobres, los verdaderamente pobres —o en riesgo de serlo— sean los mayores olvidados de estos presupuestos? Pues porque la hipótesis de partida no es correcta: una cosa es lo que, según algunos, deberían ser los presupuestos y otra, muy distinta, lo que realmente son. ¿Y qué son realmente los presupuestos? La principal herramienta con la que cuentan los políticos para maximizar sus votos y, en consecuencia, sus opciones de reelección: o dicho en román paladino, un mecanismo por el que los políticos compran el voto de los electores o, como poco, les sobornan para que se lo vendan. Y dado que la mayoría de electores se concentran en las llamadas clases medias —ni son muy pobres ni tampoco muy ricos—, los principales programas gubernamentales se dirigirán hacia ellas. No otro, por cierto, es el mensaje central de la denominada Ley de Director: la redistribución de la renta no es desde los ricos a los pobres, sino desde los ricos y los pobres hacia las clases medias.

Echen si no las cuentas electorales de a quiénes benefician estos nuevos presupuestos: 3,1 millones de funcionarios, 6,7 millones de pensionistas y 3,5 millones de contribuyentes. Aun cuando pueda haber un cierto solapamiento entre estos colectivos (algunos funcionarios y pensionistas estarán incluidos entre los 3,5 millones de contribuyentes agraciados con la rebaja del IRPF), estamos hablando de que el Gobierno, de la mano de Ciudadanos, está entregando un aguinaldo monetario en año pre-electoral a más de diez millones de votantes, los cuales representan alrededor de un tercio de todo el censo electoral. ¿Pueden imaginarse alguna otra campaña de marketing que resulte tan masiva, eficaz y barata como ésta para los partidos impulsores de las cuentas públicas?

Al final, pues, la asfixiante presión fiscal que recae sobre el conjunto de los ciudadanos sirve para colocar centenares de miles de millones en manos de los políticos que éstos reparten convenientemente entre la población para maximizar sus opciones de atornillarse en el poder. No es un sistema montado para alcanzar nada parecido al bien común sino para privilegiar a aquellas oligarquías, grupos de presión y burocracias capaces de instrumentar el presupuesto en su propio favor.

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Doctor en Economía, director del Instituto Juan de Mariana, profesor en el centro de estudios OMMA y en IE University.