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Cifuentes no ha caído por lo que debería haber caído

Cristina Cifuentes, la arribista ex presidenta de la Comunidad de Madrid que echó mano de la propaganda más descarada para convertirse a ojos del electorado en el adalid de la regeneración política, ha terminado abrasada por las imágenes del hurto de dos cremas antiedad que perpetró allá por el año 2011. La estampa de la máxima autoridad regional rateando un supermercado vallecano ha resultado demasiado bochornosa y humillante como para que su auctoritas no se haya resquebrajado al instante y, en consecuencia, haya tenido que ser apartada de un cargo institucional cuyo ejercicio requiere preservar esa ficción de autoridad ante “el pueblo soberano”.

Ahora bien, debería resultar a todas luces evidente que lo peor que sabemos sobre la carrera política de Cifuentes no ha sido este hurto menor —incluso tal vez provocado bajo los efectos de trastorno cleptómano de la susodicha—. Sin necesidad de irnos demasiado lejos, el haber promovido la falsificación de un documento público para encubrir el trato de favor recibido por el establishment universitario madrileño ya constituía en sí mismo un preocupante síntoma de la actitud abusadora, clientelar y carente de escrúpulos morales que ha caracterizado a la persona y al personaje durante demasiados años. También, cómo no, el desparpajo, la chulería y el descaro con el que ha intentado mentirnos a todos a propósito de este último escándalo con la única obsesión en mente de atornillarse en el poder.

Pero, nuevamente, lo peor que ha hecho —o ha intentado hacer— Cifuentes a lo largo de su carrera política no ha sido aquello por lo que se la ha criticado de manera (casi) universal: ora el caso Olay, ora el caso máster. Y es que la mayor violación de los derechos y de las libertades de los ciudadanos no tiene lugar cuando se sustraen un par de cremas del supermercado; ni siquiera —aunque no pretendo restarle un ápice de gravedad al asunto— cuando se falsifica un título universitario: tiene lugar cuando los políticos utilizan —con el silente beneplácito de sus simpatizantes— el rodillo de la coacción estatal para pisotear sus vidas, cerrarles sus bocas y engrilletarles sus manos. Al respecto, tomemos simplemente dos ilustrativos ejemplos de la —por fortuna—finiquitada carrera presidencial de Cifuentes.

Primero, su frustrado anteproyecto de “Ley sobre la Igualdad de Trato y la Protección contra las Acciones de Incitación al Odio, la Discriminación y la Intolerancia”, por el que pretendía instrumentar las instituciones de las Comunidad de Madrid para censurar, por la vía administrativa, aquellas expresiones que los políticos al mando reputaran como incitaciones al odio en cualquier medio o formato (incluyendo las redes sociales). Segundo, su (esperemos) frustrado anteproyecto de “Ley de Espacio Superior de Educación Madrileño”, por el que pretendía incrementar (¡todavía más!) el control político sobre el mundo universitario, así como fulminar definitivamente la posibilidad de promover iniciativas docentes dentro de la Comunidad de Madrid que no contaran con el autoritario y mafioso plácet del gobierno regional.

Cualquiera de estos proyectos legislativos contenía muchísimas más razones para forzar la dimisión de Cifuentes que el caso máster o el caso Olay: a la postre, eran dos proyectos legislativos que pisoteaban, por un lado, la libertad de expresión de los madrileños y, por otro, su libertad para impulsar la creación de centros docentes. ¿En qué sentido es más grave hurtar dos cremas o falsificar el título de un máster que amenazar con recortar las libertades de millares de personas utilizando para ello toda la maquinaria policial de la administración del Estado? No, no lo es y, por eso, resulta tristemente revelador de la fibra moral de nuestra sociedad el que ésta haya tolerado la permanencia en el poder de una gobernante que socavaba activamente las libertades de los ciudadanos hasta el momento en que, oh calamidad insoportable, hemos descubierto que hurtó dos cremas por importe de 40 euros.

En definitiva, los vicios y las faltas de Cifuentes en su ámbito privado son sin duda reprensibles, pero lo auténticamente reprobable debería ser gran parte de su comportamiento al frente del Gobierno de Madrid: esto es, justamente ese legado por el que la ya cadáver político todavía sacaba ayer pecho desde la Real Casa de Correos mientras anunciaba su esperada dimisión. Los mayores atropellos contra nuestras libertades no se producen a puerta cerrada en los despachos de una universidad o bajo la discreta grabación de la cámara de vigilancia de un supermercado, sino de manera pública y notoria en esas páginas del Boletín Oficial del Estado redactadas por mandatarios arrogantes, psicopáticos y liberticidas. Desde luego, no deberíamos tolerar lo primero, pero muchísimo menos lo segundo.

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Doctor en Economía, director del Instituto Juan de Mariana, profesor en el centro de estudios OMMA y en IE University.