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La deuda pública española no asciende al 140% del PIB

La deuda pública española según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) cerró 2017 en los 1,144 billones de euros: el 98,3% del PIB. Sin embargo, los pasivos totales en circulación concluyeron el año en 1,603 billones: esto es, el 137,7% del PIB. Tal discrepancia ha llevado a muchos analistas conspiranoicos a sentenciar que la deuda real de las administraciones públicas españolas es mucho mayor de lo que los medios de comunicación del régimen se atreven a reconocer. La realidad, sin embargo, es bastante diferente: es verdad que la auténtica deuda pública española supera el 98,3% del PIB que establece la metodología del PDE, pero ni mucho menos se acerca al 140% del PIB que ciertos alarmistas gustan de preconizar.

¿A qué se debe, entonces, tal discrepancia en las cifras? Hace unos años, el Banco de España ya publicó una nota informativa donde explicaba detalladamente las tres causas fundamentales de esta discrepancia. Primero, la medición de deuda según el PDE no incluye los pasivos comerciales de las administraciones públicas. Segundo, la medición de deuda según el PDE se efectúa en términos consolidados, esto es, excluye la deuda que una administración pública española mantiene con otra administración pública. Y tercero, la medición de la deuda según el PDE se realiza a su valor nominal, mientras que los pasivos totales se calculan a su valor de mercado.

Esas tres causas explican, como a continuación desarrollaremos, la totalidad de la discrepancia entre la deuda oficial del 98,3% del PIB según el PDE y la deuda alarmista del 137,7% del PIB según pasivos totales en circulación. Un fenómeno, por cierto, que no es exclusivo de España, pues se produce por la metodología de Eurostat que se aplica comúnmente a toda la Unión Europea. Por ejemplo, la deuda oficial de Francia según el PDE era del 96,5% del PIB a finales de 2016, pero ascendía al 136 % según los pasivos totales en circulación; a su vez, la deuda pública Italia según el PDE era del 132% del PIB, frente al 161,1% de los pasivos totales en circulación; y lo mismo cabe decir de la deuda lusa: según el PDE, ascendía al 130,1% del PIB, frente al 180,8% de acuerdo con los pasivos en circulación.

En el caso de España, los pasivos totales de las Administraciones Públicas alcanzaron en 2017 la cifra de 1,603 billones de euros, mientras que la deuda según el PDE fue de 1,144 billones. La diferencia entre ambas magnitudes se ubicó, pues, en 459.000 millones de euros: un monto que, como hemos explicado, es el resultado de la suma de los pasivos comerciales, del endeudamiento entre administraciones públicas y de la discrepancia entre el valor de mercado y el valor facial de la deuda.

En primer lugar, los pasivos comerciales netos de las administraciones públicas españolas a cierre de 2017 eran de 58.515 millones de euros. Se trata del dinero que el Estado les adeuda a sus proveedores por los servicios prestados y que, en consecuencia, no se halla materializada en ningún valor negociable (como los bonos o las letras del Tesoro). Ésta es una partida que sí debería ser computada a la hora de contabilizar el endeudamiento total de las Administraciones Públicas pues son importes que deberán ser desembolsados en algún momento a los acreedores comerciales.

En segundo lugar, la deuda pública que se encontraba en manos de otras administraciones públicas españolas ascendió en 2017 a 267.037 millones de euros: 21.041 millones eran valores negociables, 210.896 millones eran préstamos y 35.335 millones era deuda comercial. Los importes que recoge esta partida son, en esencia, la deuda que ha emitido una administración pública para financiar a otra administración pública (entre otros, a través del Fondo de Liquidez Autonómico o del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores). Por ejemplo, si el Gobierno central emite deuda en los mercados para conceder un préstamo a la Generalitat catalana, la deuda no consolidada de las administraciones públicas españolas aumenta por partida doble: el Gobierno central está más endeudado (con los mercados) y la Generalitat catalana también está más endeudada (con el Gobierno central). Pero, evidentemente, no debemos computar esa deuda dos veces: si la Generalitat paga su deuda con al Gobierno central, éste amortizará la suya con los fondos recibidos; si la Generalitat no paga su deuda al Gobierno central, éste amortizará la suya con los impuestos de todos los españoles (pero, en todo caso, la deuda de la Generalitat no se habrá pagado: no es que paguemos dos veces). En este sentido, no es casualidad que la rúbrica de pasivos de las administraciones públicas en manos de otras administraciones públicas se disparara a partir del año 2012 (cuando pasó de 123.749 millones de euros a 226.773 millones), coincidiendo con la creación del FLA y de los restantes canales de financiación internos de las administraciones públicas.

Por último, las diferencias de valoración entre el valor nominal y el precio de mercado de las letras, los bonos y las obligaciones del Estado ascendió en 2016 a 133.615 millones de euros. En particular, el valor de mercado de todos estos títulos negociables era de 1,104 billones de euros, mientras que su valor nominal ascendía a 0,97 billones. ¿A qué se debe esta intensa discrepancia entre el valor nominal y el valor de mercado de la deuda pública? Pues, fundamentalmente, a la caída de los tipos de interés que ha venido produciéndose en el mercado desde mediados de 2012: cuanto menor es el tipo de interés de mercado, mayor es el precio de la deuda que se emitió a altos tipos de interés. Y gran parte de la deuda pública española se emitió durante años en que los tipos de interés eran muy superiores a los actuales.

Sucede que el precio de mercado de la deuda pública española nos es irrelevante para conocer la auténtica carga que nos supone la deuda: y es que, cuando venza la deuda pública (cuando nos toque pagarla), las administraciones públicas deberán abonar su valor nominal, no su precio de mercado. De hecho, el precio de mercado sólo sería relevante si, por algún motivo, el Estado español tuviese que amortizar sus pasivos anticipadamente y, por tanto, tuviese que recomprar su deuda antes de vencimiento. Como bien explica Eurostat: “Los pasivos negociables [de las administraciones públicas] se valoran a su precio de mercado, aun cuando el Estado sólo está obligado a pagar el valor nominal de la deuda (…) El precio de mercado refleja la cantidad que el Estado debería pagar si amortizara el pasivo recomprándolo en el mercado”. Dado que el Estado español no tiene ninguna intención de recomprar anticipadamente su deuda, no debemos valorar la carga que representan el conjunto de letras, bonos y obligaciones del Estado por 1,104 billones de euros (su valor de mercado) sino por 0,97 billones (su valor nominal).

En definitiva, no tiene ningún sentido incluir dentro del endeudamiento público español ni el endeudamiento entre administraciones del Estado ni tampoco la revalorización en el mercado de los títulos de deuda pública resultado de la caída de los tipos de interés. Sí tiene sentido, en cambio, incluir las deudas comerciales netas de las administraciones (58.515 millones de euros), en cuyo caso los pasivos estatales a finales de 2017 no habrían pesado el 98,3% del PIB sino el 103,3%. Algo más que las cifras oficiales pero muy lejos de la conspiranoia del 140% tan cacareada por los alarmistas de todo pelaje ideológico.

 

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Doctor en Economía, director del Instituto Juan de Mariana, profesor en el centro de estudios OMMA y en IE University.